¡Que se vayan todos! La crisis en España

El 12 de enero de 2011, los trabajadores de la firma Nissan en Barcelona votaron por la aceptación del congelamiento de sus sueldos por dos años y la movilidad horaria (habrá que ver qué consecuencias tiene esto) a cambio de que la firma acepte montar su nuevo modelo en su fábrica de Barcelona y poder mantener así sus puestos de trabajo. Votó el 90% de los trabajadores y el 70% aceptó la propuesta empresarial.

Esta medida ya fue aplicada en ocasiones anteriores. Para entender estas estrategias empresariales es necesario tener en cuenta dos circunstancias muy importantes: en primer lugar, que la crisis en Europa afectó las condiciones laborales, y esto no sólo por efecto real de la crisis sino también por el manejo de la misma que hicieron muchas empresas que agitando el fantasma de la quiebra aprovecharon a despedir personal y a incrementar exigencias que empeoraban las condiciones de trabajo; en segundo lugar, algo que ya venía ocurriendo antes de que la actual crisis se manifestara: la deslocalización de empresas.

En el primer caso, en España, el gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero tratando de mantener una línea pálidamente keynesiana, otorgó, por un lado, una serie de ayudas sociales (400 euros para los parados de larga duración, el cheque bebé para los recién nacidos, etc) y por otro intentó regular los despidos mediante unas auditorías a las empresas para determinar si efectivamente estaban a punto de la quiebra o era sólo una artimaña para despedir gente (el resultado de estas auditorías se los llama E.R.E. Expediente de Regulación de Empleo). La crisis de 2008 encontró a España (o a su gobierno) desprevenida, en el mes de julio de ese año el presidente Zapatero negaba la existencia de una crisis.

Pero esta llegó y las medidas “keynesianas” tuvieron que hacer marcha atrás y con la misma expresión con que se negaba la crisis, se afirmó la necesidad de tomar medidas recesivas: las que exigía el FMI. Antes de esto las corporaciones financieras pusieron sus ojos sobre Grecia cuyos funcionarios corruptos les facilitaron las cosas. Luego centraron su mirada sobre España, las consultoras de riesgo subieron lo que en nuestro país se llama el “riesgo país”. El gobierno y la banca española salieron a desmentir por todos los medios que la economía no fuera estable, incluso la banca se sometió voluntariamente a un test de fiabilidad del cual salió prestigiada. Entonces las corporaciones pusieron sus ojos sobre Irlanda, con las consecuencias conocidas, un país que nuestros neoliberales ponían como ejemplo de crecimiento se encuentra en estos momentos con recortes sociales, inflación, desocupación y un largo etc que ya experimentamos en tiempos no muy lejanos en nuestro país.

Una vez que Irlanda aceptó el salvavidas de plomo que es la ayuda del FMI ahora la mirada se dirige a Portugal que resiste como puede y por aquello de “cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar”, el gobierno español se apresuró a tomar medidas que a pesar de pretender ser consensuadas con los sindicatos, se impondrán de todas maneras aunque éstos no den su acuerdo.

Las acciones de las patronales se dirigen a convencer a los trabajadores que no es oportuno hacer huelgas porque eso derivaría en cierres de empresas. Los sindicatos apenas tienen poder de reacción, para entender esto hay que saber que son estructuras subvencionadas a las que el Estado español les devolvió los bienes confiscados por el franquismo pero el costo es alto, ya que para hacer huelgas deben seguir un protocolo que las vuelve casi inofensivas: han de anunciarlas con antelación, deben aceptar unos servicios mínimos puestos por el Estado, si se trata de servicios públicos, de la misma manera que los cortes de calles y las manifestaciones están reguladas. Ello llevó a que la reciente huelga de controladores aéreos, por ejemplo, se haya presentado como una baja generalizada por cuestiones de salud y no como una huelga ya que si esto fuera así, sería ilegal y sus promotores y seguidores estarían sujetos a la justicia penal.

En los últimos tiempos el despido se ha abaratado y se han articulado una serie de contratos que ponen al trabajador al borde del despido continuo. No obstante eso, el último informe Davos de la semana pasada recomienda al gobierno español recortar prestaciones sociales, postergar la edad de jubilación (cosa que el gobierno está próximo a hacer alargando de los 65 a los 67 años) y contar con consultoras de riesgo, a la manera de la empresa privada, que supervisaría las políticas gubernamentales. Si recordamos que una de las más prestigiosas avaló la estabilidad de Lehman Brothers poco antes de la crisis de las hipotecas, podemos deducir el grado de confiabilidad y la ideología de estas consultoras.

En cuanto a la segunda de las circunstancias a tener en cuenta, la deslocalización de las empresas, debemos advertir que es un proceso que data de tiempos anteriores a la crisis actual y que consiste lisa y llanamente en llevar a las empresas a países donde la mano de obra es más barata y la carga impositiva es menor, con la consecuencia de esto último: menos derechos sociales, menos sanidad, menos educación.

La deslocalización es un proceso que lleva ya muchos años, al principio hubo empresas, sobre todo del ramo textil, que funcionaban en barcos en alta mar, de manera que la empresa no tenía obligaciones legales ya que estaba en aguas que no pertenecían a nadie. Este accionar por sus características era minoritario, no todas las empresas podían ni se atrevían a llevarlo a cabo, pero abrió un camino para la emigración a otros países primero los más alejados (India, Paquistán, Tailandia, etc) y luego a los aledaños a la U.E. Con la ventaja a favor de estos últimos que eran más fácilmente controlables. Esto fue una prueba irrefutable de las posibilidades que una ampliación de la U.E aportaría: mano de obra barata con un personal cualificado en países que comparten una cultura casi común. Y así fue como las grandes empresas se lanzaron a la conquista de la ex Europa oriental.

Los países originarios, por llamarlos de alguna manera, de la U.E. más España y Portugal constituyen una élite que sacan provecho de la nueva Europa capitalista, aunque ese provecho comporta un nivel mayor de desocupación y por lo tanto de inestabilidad política y social. Las condiciones de vida y de trabajo se han deteriorado pero por un lado los sindicatos maniatados no pueden hacer nada y los trabajadores no encuentran una vía política legítima para sus reivindicaciones. La clase política española es endogámica y no tiene consciencia de Estado y las clases gobernantes regionales venderían lo que fuera por no perder los votos que la llevaron al gobierno (aquí ha habido luchas hasta por el agua de un río que atravesaba varias regiones). Lo mismo encontramos en un plano más general, Angela Merkel aceptó a regañadientes que Alemania y Francia siguieran siendo la locomotora de Europa en lo que respecta a financiar las malas administraciones del resto de los países. Esta aceptación puede costarle los votos de un electorado que sigue sin ver las ventajas de ayudar a los países en dificultades.

Otro avance sobre los derechos de los trabajadores, sobre todo de los provenientes de los ex países comunistas lo constituye la propuesta del parlamento europeo conocida como directiva Bolkestein. Uno de sus ámbitos proponía que se pudiera contratar a trabajadores extranjeros con base en las leyes sociales del país de origen, de esta manera, empresas de países con avanzadas leyes sociales como puede ser Alemania, podrían contratar trabajadores de países como Bulgaria donde la cobertura social es escasa y pagarles en relación a su país de origen. Por el momento esta modalidad está paralizada en el parlamento europeo pero tal vez sólo sea cuestión de tiempo que pueda implementarse. Entonces, ¿qué harán los trabajadores de los países desarrollados?

¿Será necesario, quizás, en Europa, un clamoroso “¡Que se vayan todos!”?

Carlos Petilo