Declaración sobre LIBERTAD de EXPRESIÓN y DEFENSA de la LEY de COMUNICACIÓN de MEDIOS AUDIOVISUALES

 

Argentinos para la Victoria (ApV)-Provincia 25
Diciembre 2015

A la comunidad internacional

A los medios de comunicación de los países democráticos

A los periodistas

A los organismos de diversa índole que velan por la libertad de expresión y por el derecho humano a la comunicación.

Nosotros, argentinos residentes en el exterior seguimos de cerca los acontecimientos de nuestra Patria y nos mantenemos informados a través de la diversidad de medios de comunicación que en ella existen, queremos expresar nuestra preocupación por algunos hechos que alertan sobre la efectiva libertad de expresión en nuestro país y sobre la violación de nuestro derecho a la información.

Es de mundial conocimiento el cambio reciente de gobierno, fruto de un ejemplar proceso eleccionario de nuestra democracia. Celebramos la democracia y nos alegramos que como pocas veces se ha visto, el fin de una gestión de gobierno se da en un clima de normalidad, sin crisis como otrora tuvimos, sin violencia, con una economía en marcha y con una inmensa cantidad de personas despidiendo y agradeciendo a la presidenta que concluye y otras tantas personas recibiendo y celebrando la asunción del nuevo presidente.

A pesar de este clima, no podemos dejar pasar el tiempo sin manifestar nuestra preocupación respecto de la libertad de expresión en nuestro país, libertad que fue ejercida durante estos últimos años con total normalidad y garantías, s con presencia de todas las voces: afines al gobierno, contrarias moderadas e incluso las indiferentes.

Sin embargo, desde días antes del cambio de mando, el periódico Página 12, con lineamientos editoriales críticos a las ideas y gestiones del gobierno que asume, está sufriendo fuertes ataques en su versión digital. Por tales hechos, la web del periódico ha estado caída durante más de una semana, habiéndose radicado la denuncia en el organismo correspondiente e incluso habiéndose alertado a la CIDH, la cual ha manifestado que este tipo de ataques atentan contra la libertad de expresión puesto que limitan el flujo de información.

La misma suerte está corriendo desde hace dos días la web DiarioRegistrado.com.ar, medio digital que forma parte del proyecto de comunicación que produce los programas televisivos Duro de Domar, 678, y Televisión Registrada, todos ellos también críticos del gobierno que asume.

Esta situación se da en un marco en que se ha anunciado, por un lado, la baja del programa 678, a pesar de su enorme audiencia, de la programación de la televisión pública; por el otro, la no renovación del contrato a Duro de Domar también de alta audiencia, en el canal privado donde se emite. Televisión Registrada (TVR), programa emblemático de la televisión argentina y del humor político que lleva ya 17 temporadas al aire, no conoce aún su destino.

Evidentemente, las voces críticas a este nuevo gobierno, están siendo silenciadas.

Al mismo tiempo, el nuevo Ministro de Comunicaciones recientemente designado, el señor Oscar Aguad, ha expresado públicamente que durante este nuevo gobierno NO se cumplirá con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, afirmando literalmente, que es “…absurdo que una ley del congreso limite la capacidad de un presidente…”

En este mismo sentido, el presidente ha creado este nuevo ministerio por Decreto de Necesidad y Urgencia atribuyéndole al mismo la capacidad de aplicación de esta ley e incorporando a su organigrama dos entes descentralizados y autárquicos, que por ley están pensados para NO solapar los mandatos con el poder ejecutivo, promoviendo la pluralidad y la convivencia de signos políticos. Así, por un decreto, anula las funciones de estos entes violando la mencionada ley y hostigando a quienes dirigen estos entes.

Para comprender su importancia es necesario recordar el camino por el cual la Argentina conquistó esta ley, que fuera declarada por el mismo Relator de Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, como un modelo ejemplar para la región y de vanguardia en materia de regulación y garantía del derecho a la comunicación a nivel mundial.

La ley es definitivamente la más debatida y con mayor respaldo social de la historia argentina. Es fruto de una larga lucha de amplios sectores entre los que se destacan universidades, sindicatos, medios de comunicación comunitarios y sin fines de lucro condenados previamente a la ilegalidad por la vieja legislación, periodistas y comunicadores, asociaciones civiles, todos actores que plantearon la necesidad de tener una ley de comunicación de la democracia que suplantara la vieja ley de radiodifusión instaurada en la última dictadura cívico-militar en el país.

Este trabajo largo y arduo de más de una década, sentó las bases para el proyecto de ley a partir de acordarse los llamados 20 puntos fundamentales para una ley de comunicación de la democracia.

A partir de esta lucha se generó un proyecto que antes de pasar por el Honorable Congreso de la Nación, fue puesto a consideración de la población en su conjunto, habiéndose debatido por más de un año en foros abiertos y participativos en universidades y escuelas de todas las provincias del país, debates que derivaron en recomendaciones y modificaciones al proyecto original.

Fue entonces, a partir de la incorporación de las observaciones de la comunidad, que la ley llegó al Congreso donde fue debatida en sucesivas audiencias y en las comisiones correspondientes, para finalmente ser aprobada por ambas cámaras y promulgada posteriormente para comenzar su regulación y consecuentemente su aplicación.

Es importante destacar que al buscar desmonopolizar los servicios de comunicación audiovisual para democratizar el espectro tanto en televisión como en radio, generó el rechazo y resistencia de medios hegemónicos y concentrados que desde ese momento han pasado años judicializando esta ley y obstaculizando su correcta aplicación, llegando incluso hasta altas instancias que derivaron en la declaración de su absoluta constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de la Nación.

Lógicamente, la ley ha tocado intereses corporativos que evidentemente están ejerciendo su presión ante el nuevo gobierno.

El nuevo Ministro ha expresado que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no será aplicada en este gobierno, y que los medios competirán en el libre mercado. Estas afirmaciones atentan contra la garantía del derecho humano a la comunicación, relegando la misma a una simple mercancía en el mercado, atentando contra los medios comunitarios y sin fines de lucro y atropellando la democracia y la institucionalidad en un claro gesto de autoritarismo totalmente alarmante para la joven democracia argentina.

Le pedimos a la comunidad internacional su atención respecto a este grave asunto. Como argentinos en el exterior, sentimos que nuestro derecho humano a la comunicación y al acceso a la información está siendo violado. Por lo tanto, exigimos no solo que el Ministro retracte sus declaraciones, sino que se anule el DNU que viola la ley. Asimismo reclamamos el cese de los ataques a los medios de comunicación mencionados, el inmediato esclarecimiento de los mismos y la absoluta garantía de la libertad de expresión y el espacio para las voces críticas en el panorama de los medios del país.