Argentinos para la Victoria (ApV)-Provincia 25
Diciembre 2015
A la comunidad internacional
A los medios de comunicación de los países
democráticos
A los periodistas
A los organismos de diversa índole que
velan por la libertad de expresión y por el derecho humano a la
comunicación.
Nosotros, argentinos residentes en el exterior
seguimos de cerca los acontecimientos de nuestra Patria y nos
mantenemos informados a través de la diversidad de medios de
comunicación que en ella existen, queremos expresar nuestra
preocupación por algunos hechos que alertan sobre la efectiva
libertad de expresión en nuestro país y sobre la violación de
nuestro derecho a la información.
Es de mundial conocimiento el cambio reciente
de gobierno, fruto de un ejemplar proceso eleccionario de nuestra
democracia. Celebramos la democracia y nos alegramos que como pocas
veces se ha visto, el fin de una gestión de gobierno se da en un
clima de normalidad, sin crisis como otrora tuvimos, sin violencia,
con una economía en marcha y con una inmensa cantidad de personas
despidiendo y agradeciendo a la presidenta que concluye y otras
tantas personas recibiendo y celebrando la asunción del nuevo
presidente.
A pesar de este clima, no podemos dejar pasar
el tiempo sin manifestar nuestra preocupación respecto de la
libertad de expresión en nuestro país, libertad que fue ejercida
durante estos últimos años con total normalidad y garantías, s con
presencia de todas las voces: afines al gobierno, contrarias
moderadas e incluso las indiferentes.
Sin embargo, desde días antes del cambio de
mando, el periódico Página 12, con lineamientos editoriales
críticos a las ideas y gestiones del gobierno que asume, está
sufriendo fuertes ataques en su versión digital. Por tales hechos,
la web del periódico ha estado caída durante más de una semana,
habiéndose radicado la denuncia en el organismo correspondiente e
incluso habiéndose alertado a la CIDH, la cual ha manifestado que
este tipo de ataques atentan contra la libertad de expresión puesto
que limitan el flujo de información.
La misma suerte está corriendo desde hace dos
días la web DiarioRegistrado.com.ar, medio digital que forma parte
del proyecto de comunicación que produce los programas televisivos
Duro de Domar, 678, y Televisión Registrada, todos ellos también
críticos del gobierno que asume.
Esta situación se da en un marco en que se ha
anunciado, por un lado, la baja del programa 678, a pesar de su
enorme audiencia, de la programación de la televisión pública; por
el otro, la no renovación del contrato a Duro de Domar también de
alta audiencia, en el canal privado donde se emite. Televisión
Registrada (TVR), programa emblemático de la televisión argentina y
del humor político que lleva ya 17 temporadas al aire, no conoce aún
su destino.
Evidentemente, las voces críticas a este nuevo
gobierno, están siendo silenciadas.
Al mismo tiempo, el nuevo Ministro de
Comunicaciones recientemente designado, el señor Oscar Aguad, ha
expresado públicamente que durante este nuevo gobierno NO se
cumplirá con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
afirmando literalmente, que es “…absurdo
que una ley del congreso limite la capacidad de un presidente…”
En este mismo sentido, el presidente ha creado
este nuevo ministerio por Decreto de Necesidad y Urgencia
atribuyéndole al mismo la capacidad de aplicación de esta ley e
incorporando a su organigrama dos entes descentralizados y
autárquicos, que por ley están pensados para NO solapar los
mandatos con el poder ejecutivo, promoviendo la pluralidad y la
convivencia de signos políticos. Así, por un decreto, anula las
funciones de estos entes violando la mencionada ley y hostigando a
quienes dirigen estos entes.
Para comprender su importancia es necesario
recordar el camino por el cual la Argentina conquistó esta ley, que
fuera declarada por el mismo Relator de Libertad de Expresión de la
ONU, Frank La Rue, como un modelo ejemplar para la región y de
vanguardia en materia de regulación y garantía del derecho a la
comunicación a nivel mundial.
La ley es definitivamente la más debatida y
con mayor respaldo social de la historia argentina. Es fruto
de una larga lucha de amplios sectores entre los que se destacan
universidades, sindicatos, medios de comunicación comunitarios y sin
fines de lucro condenados previamente a la ilegalidad por la vieja
legislación, periodistas y comunicadores, asociaciones civiles,
todos actores que plantearon la necesidad de tener una ley de
comunicación de la democracia que suplantara la vieja ley de
radiodifusión instaurada en la última dictadura cívico-militar en
el país.
Este trabajo largo y arduo de más de una década, sentó las bases
para el proyecto de ley a partir de acordarse los llamados 20 puntos
fundamentales para una ley de comunicación de la democracia.
A partir de esta lucha se generó un proyecto que antes de pasar por
el Honorable Congreso de la Nación, fue puesto a consideración de
la población en su conjunto, habiéndose debatido por más de un año
en foros abiertos y participativos en universidades y escuelas de
todas las provincias del país, debates que derivaron en
recomendaciones y modificaciones al proyecto original.
Fue entonces, a partir de la incorporación de las observaciones de
la comunidad, que la ley llegó al Congreso donde fue debatida en
sucesivas audiencias y en las comisiones correspondientes, para
finalmente ser aprobada por ambas cámaras y promulgada
posteriormente para comenzar su regulación y consecuentemente su
aplicación.
Es importante destacar que al buscar desmonopolizar los servicios de
comunicación audiovisual para democratizar el espectro tanto en
televisión como en radio, generó el rechazo y resistencia de medios
hegemónicos y concentrados que desde ese momento han pasado años
judicializando esta ley y obstaculizando su correcta aplicación,
llegando incluso hasta altas instancias que derivaron en la
declaración de su absoluta constitucionalidad por parte de la Corte
Suprema de la Nación.
Lógicamente, la ley ha tocado intereses corporativos que
evidentemente están ejerciendo su presión ante el nuevo gobierno.
El nuevo Ministro ha expresado que la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual no será aplicada en este gobierno,
y que los medios competirán en el libre mercado. Estas
afirmaciones atentan contra la garantía del derecho humano a la
comunicación, relegando la misma a una simple mercancía en el
mercado, atentando contra los medios comunitarios y sin fines de
lucro y atropellando la democracia y la institucionalidad en un claro
gesto de autoritarismo totalmente alarmante para la joven democracia
argentina.
Le pedimos a la comunidad internacional su atención respecto a este
grave asunto. Como argentinos en el exterior, sentimos que nuestro
derecho humano a la comunicación y al acceso a la información está
siendo violado. Por lo tanto, exigimos no solo que el Ministro
retracte sus declaraciones, sino que se anule el DNU que viola la
ley. Asimismo reclamamos el cese de los ataques a los medios de
comunicación mencionados, el inmediato esclarecimiento de los mismos
y la absoluta garantía de la libertad de expresión y el espacio
para las voces críticas en el panorama de los medios del país.
